Protejamos el efectivo, la libertad y la privacidad financiera.

Estimadas señoras y señores:

Observamos con gran preocupación lo que, desde nuestro punto de vista, constituye un avance progresivo hacia una estructura plenamente digitalizada de control y vigilancia en Europa. Bajo términos como “euro digital”, “identidad digital”, “infraestructura moderna de pagos” o “medidas de seguridad” se están creando sistemas capaces de intervenir profundamente en las libertades de los ciudadanos — a menudo de forma gradual, tecnocrática y sin un amplio debate social.

El efectivo no es simplemente un medio de pago. El efectivo significa libertad, privacidad, autodeterminación e independencia. Quien paga en efectivo no deja perfiles completos de movimiento, datos de consumo almacenados de forma centralizada ni una huella digital permanente de su vida cotidiana. Precisamente por ello, el efectivo es un elemento fundamental de una sociedad libre.

En particular, nos oponemos a la introducción de límites generales al pago en efectivo, a la expulsión progresiva del efectivo de la vida cotidiana, a cualquier desventaja para los ciudadanos que desean pagar en efectivo y a modelos de dinero digital de banco central plenamente controlable, como las CBDC o el euro digital.

Un euro digital conlleva riesgos considerables para la democracia y las libertades civiles. Técnicamente sería posible supervisar pagos, analizar comportamientos de uso, limitar el dinero en el tiempo o restringir determinadas compras. Aunque los actores políticos actuales nieguen tales posibilidades, la infraestructura técnica permanecería — y con ella también el potencial de abuso por parte de futuros gobiernos o instituciones.

La libertad no debe depender del funcionamiento de una aplicación, de un código QR o de una identidad digital centralizada — y mucho menos de los caprichos de los políticos.

También observamos con preocupación la expansión de sistemas obligatorios de identidad digital. Una identidad digital central que vincule datos financieros, datos sanitarios, accesos, vías de comunicación y funciones administrativas crearía una concentración sin precedentes de información personal. Una sociedad libre no necesita el registro digital total de sus ciudadanos, sino límites firmes a la recopilación de datos por parte del Estado y de las grandes estructuras económicas.